El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori ejecutó un autogolpe que transformó drásticamente el panorama político en Perú. A través de un mensaje televisado, anunció la disolución del Congreso y la intervención de diversas instituciones estatales, marcando así el inicio de un régimen autoritario.
En su discurso, Fujimori justificó estas medidas como una “reestructuración” necesaria para el funcionamiento del país. Sin embargo, esta acción no solo implicó la supresión del poder legislativo, sino también el control militar sobre los medios de comunicación, que sufrieron censura y represión.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomaron el control de instituciones clave, impidiendo el acceso a los parlamentarios y restringiendo las libertades civiles. El cierre del Congreso significó una ruptura del equilibrio de poderes establecido por la Constitución de 1979, lo que permitió a Fujimori gobernar sin un Parlamento durante varios años.
Tras el autogolpe, la comunidad internacional, incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó estas acciones y activó gestiones diplomáticas. A pesar de la presión externa, el régimen fujimorista consolidó su poder, que se caracterizó por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, como se evidenció en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
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