El actual proceso electoral en Perú se enfrenta a un nuevo desafío, marcado por un aumento en las solicitudes de nulidad de mesas en regiones donde los resultados no favorecen a ciertos candidatos. Este fenómeno se repite cinco años después de que Fuerza Popular presentara más de 800 impugnaciones, especialmente en zonas rurales donde el apoyo a Pedro Castillo era mayor. Aunque esas denuncias de fraude no fueron validadas, la estrategia de impugnar mesas se ha reinstaurado.
En esta ocasión, Renovación Popular ha presentado más de un centenar de pedidos para anular mesas de sufragio en Cajamarca, afectando a más de 22 mil votos. Al igual que en 2021, estos esfuerzos se concentran en áreas donde otras candidaturas reciben respaldo, evidenciando un patrón de judicialización del proceso electoral que pone en riesgo la representación de comunidades enteras.
La capacidad de algunas organizaciones para sostener estos recursos legales destaca una desigualdad en el sistema. Mientras tanto, el país espera los resultados oficiales, que se ven retrasados por la necesidad de que los Jurados Electorales Especiales deliberan sobre cada uno de estos casos. Este contexto refleja las complejidades y tensiones que enfrenta la democracia peruana en la actualidad, como se detalla en nuestra cobertura sobre el proceso de investigación electoral.
