El Congreso argentino aprobó una controvertida reforma a la ley de glaciares, impulsada por el presidente Javier Milei. La normativa, que recibió 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, permite a las provincias decidir qué áreas pueden ser explotadas por la minería, eliminando la protección automática de los glaciares. Esta modificación cambia el panorama establecido desde 2010, abriendo la puerta a proyectos mineros en zonas previamente restringidas.
Las protestas no tardaron en surgir. Miles de manifestantes se congregaron frente al Congreso, exigiendo la protección de los glaciares y advirtiendo sobre los riesgos que la ley representa para el acceso al agua. Organizaciones como Greenpeace han criticado la decisión, señalando que podría agravar la crisis climática y afectar a millones de personas.
El oficialismo defiende la ley como un paso hacia un “federalismo ambiental”, asegurando que facilitará inversiones y desarrollo regional. Por otro lado, expertos y opositores han expresado su preocupación, advirtiendo que la nueva legislación podría poner en peligro el agua de aproximadamente el 70% de la población. La discusión sobre la constitucionalidad de la norma también ha surgido en el ámbito legislativo, generando un intenso debate sobre su viabilidad y sus implicaciones para el medio ambiente.
