La Knesset de Israel aprobó el lunes 30 de marzo de 2026, la Ley de Pena de Muerte para Terroristas con 64 votos a favor y 48 en contra. Esta normativa establece la pena capital por ahorcamiento, exclusivamente para palestinos, lo que ha generado críticas por su carácter discriminatorio. La ley se aplicará en tribunales militares de Cisjordania, donde solo se juzga a acusados palestinos, mientras que los israelíes son procesados en tribunales civiles.
La Autoridad Palestina condenó esta legislación, calificándola de «racista» y una violación del derecho internacional humanitario. En un comunicado, resaltó que la ley representa un «crimen de guerra» contra el pueblo palestino, y advirtió que no afectará su resistencia ni su lucha por la libertad y un estado independiente, con Jerusalén Este como capital.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, impulsor de la reforma, afirmó que esta es una medida de justicia para las víctimas y busca disuadir el terrorismo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, como Adalah, han denunciado que esta ley institucionaliza el asesinato estatal y contraviene el derecho internacional, al aplicar legislación israelí sobre una población bajo ocupación.
Para más detalles sobre las repercusiones de esta ley, puedes leer este artículo sobre la ONU exigiendo su derogación.
