La Oficina de Derechos Humanos de la ONU exigió el 30 de marzo la revocación de una reciente ley israelí que establece la pena de muerte para palestinos condenados por asesinato terrorista. Este pronunciamiento califica la legislación como «discriminatoria» y contraria a las obligaciones internacionales de Israel, al vulnerar la prohibición de castigos crueles e inhumanos.
La norma, aprobada por la Knéset con 62 votos a favor, establece que el ahorcamiento será el castigo para los palestinos de Cisjordania condenados en tribunales militares. Además, limita los indultos y exige que las ejecuciones se realicen en un plazo de 90 días. Esta medida, que afecta únicamente a la población palestina, ha sido rechazada por diversos organismos, incluyendo a Amnistía Internacional y el Ministerio de Exteriores de Irlanda.
Erika Guevara-Rosas, directora sénior de investigación de Amnistía Internacional, la calificó como una «muestra pública de crueldad». Desde el ámbito europeo, potencias como Alemania y Francia también han manifestado su preocupación, argumentando que la ley socava principios democráticos fundamentales. En respuesta, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel ya ha impugnado la ley ante la Corte Suprema, que se espera inicie una revisión exhaustiva de su constitucionalidad.
