La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el 17 de marzo un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras en el país. Esta iniciativa propone reducir de 30 a 15 años el plazo máximo para la caducidad de concesiones consideradas ‘ociosas’, además de aumentar las exigencias de producción, inversión y pago de derechos.
Según la normativa actual, los titulares tienen hasta 10 años para iniciar operaciones en una concesión. Si no lo logran, pueden extender su derecho por 20 años adicionales mediante penalidades. Con el nuevo dictamen, se mantendrá el plazo inicial de 10 años, pero el periodo adicional para poner en marcha la producción se limitará a solo cinco años. De esta forma, si la concesión no entra en operación en 15 años, el titular perderá automáticamente su derecho.
Otro cambio significativo es la modificación del derecho de vigencia, que pasará de una tarifa plana a un esquema progresivo que oscilará entre US$3 y US$12, dependiendo de la extensión de las concesiones acumuladas. Esta medida busca aumentar los costos de mantener áreas inactivas y facilitar el acceso a pequeños mineros, como se mencionó en la reciente discusión sobre las concesiones en el sector.
Expertos como Miguel Ángel Soto advierten que estos ajustes podrían complicar la planificación de proyectos mineros a gran escala, limitando potenciales inversiones en el sector.
