La Corte Suprema de Perú anuló el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR, que prohibía la tercerización de actividades principales en las empresas, una decisión que pone fin a una controversia que se prolongó durante casi cuatro años. Este fallo, emitido por la Sala Constitucional, considera que el decreto, promulgado durante el gobierno de Pedro Castillo, vulneraba el principio de jerarquía normativa al introducir el concepto de «núcleo del negocio», el cual no estaba definido en la legislación vigente.
Con la anulación, se restablece el uso de la tercerización, aunque la Corte dejó en claro que esta práctica será sancionada si se utiliza de manera fraudulenta. Luis Vinatea, abogado laboralista, enfatizó que la decisión impacta significativamente en el ámbito laboral y empresarial, permitiendo que las empresas tercericen actividades principales siempre que los trabajadores no estén bajo su dependencia directa.
Por su parte, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) criticó la resolución, alegando que abre la puerta a abusos laborales. En contraste, gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) celebraron el fallo, argumentando que la norma anulada generaba incertidumbre y afectaba las inversiones. Esta decisión judicial también sigue de cerca el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que había respaldado la constitucionalidad del decreto en octubre de 2025.
